En el marco de la campaña electoral en la que Daniel Martínez y Luis Lacalle pretenden captar el caudal de votos suficientes como para convertirse en el próximo Presidente de la Republica, las redes sociales son el campo de batalla donde la disputa adquiere la expresión más artera y malintencionada, o por lo menos, la más burda.
En este escenario, Laura Motta, esposa del candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, fue acusada en redes sociales de explotar irregularmente una fracción del Instituto Nacional de Colonización en el departamento de San José. A la luz de las circunstancias, puede aseverarse enfáticamente que Laura Motta no fue ni es colona.
La información falsa tiene su origen en 2009, cuando Motta se presentó a un remate judicial público en el que pasaba bajo el martillo la fracción 48 de la Colonia Italia, San José. El predio se remataba en propiedad, y en esa instancia la esposa de Martínez fue la mejor postora.
Cuando el Juzgado pide al INC la autorización para escriturar, los servicios del ente estudiaron si la compradora del predio tenía perfil colono, resolviendo no autorizar la venta, cumpliendo con lo dispuesto en la ley 11.029.
En 2011, el actual colono propietario compra esa fracción, con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización.
Al respecto, Laura Motta expresó en su cuenta de Twitter que “para quienes tergiversar realidades y comparar lo incomparable con fines electorales donde parece todo vale, sepan que ponemos a disposición toda la documentación”.
Agregó además que “a diferencia del senador (Alvaro) Delgado, que por años usufructuó un campo de Colonización sin cumplir con la categoría de colono, nosotros, una vez enterados que el campo que señamos en un remate pertenecía a Colonización, apelamos a la justicia y logramos declarar nulo el remate”.
Situaciones irregulares
El Instituto Nacional de Colonización contabiliza 21 casos irregulares de personas que explotan predios del ente, que no cumplen con las condiciones legales para ser colonos, beneficiándose injusta e injustificadamente de la política de tierras del Estado, y adicionalmente por su condición de colonos, calificar como potenciales beneficiarios de programas de apoyo implementados por otros organismos (MGAP, MVOTMA, MEVIR, UTE, ANTEL, BROU, entre otros).
Uno de los casos más sonados es el de Enrique Antía, dirigente del Partido Nacional e intendente de Maldonado. El jefe comunal es el funcionario público con el segundo mejor sueldo del país, ganando unos 477.880 pesos por mes. Ante la intención de seguir usufructuando un predio de 49 hectáreas en la colonia Benito Nardone, en Maldonado, finalmente el Directorio del INC derivó a la Justicia a fines de octubre de 2019 la solicitud de desalojo del jefe comunal, al haber resultado infructuosas todas las gestiones realizadas por vía administrativa.
Otra de las situaciones que involucra a referentes del Partido Nacional y que ha estado en la palestra pública es el caso del senador electo Alvaro Delgado, aunque él sí devolvió el inmueble de 339 hectáreas en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú.
También se cuenta entre la nómina de situaciones a corregir la del intendente de nacionalista de Artigas, Pablo Caram, que explota 707 hectáreas del INC en ese departamento. Caram aseguró que si desde el Instituto Nacional de Colonización se le exige que devuelva su campo renunciaría a su cargo de Intendente, aunque hasta ahora no ha hecho ni lo uno ni lo otro.
Otro de los casos emblemáticos es el del intendente nacionalista de Flores, Fernando Echeverría, colono en una fracción de 90 hectáreas en ese departamento.
¿Quiénes pueden acceder a tierras del INC?
Es requisito para inscribirse y postular a tierras del INC tener entre 18 y 70 años y contar con conocimientos y aptitudes suficientes para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
El INC prioriza a las personas que se dedican a la producción familiar y a aquellos que trabajan de forma asalariada en el medio rural. Tienen preferencia para el INC las personas jóvenes con hijos a cargo, los casos de arrendatarios en situación de desalojo, las unidades de producción familiar con limitantes de escala y quienes estén vinculados a organizaciones de productores familiares y asalariados rurales.
La principal fuente de ingresos del hogar debe provenir de la explotación familiar. Los ingresos extraprediales nominales familiares deberán ser menores o iguales, en promedio mensual, a 14 Base de Prestaciones y Contribuciones (BCP), equivalente a algo menos de 60.000 pesos.
Asimismo, los dos miembros de la pareja deben dedicar su mayor tiempo de trabajo al hogar y al campo.
